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Cuestionan designación de Manuel Palacios como auditor superior

Política / Sociedad

El Quintana Roo.mx - 11 / 10 / 2017 10:36 pm

Agencia EQR

CANCÚN, Q. ROO.- El observatorio Legislativo de Quintana Roo apoyará el amparo interpuesto en contra de la designación del auditor superior de Quintana Roo, por haber recaído en Manuel Palacios Herrera, una persona que ya formó parte de dicha dependencia en la época de mayor corrupción en la entidad, sin haber denunciado nada.

El Observatorio Legislativo supone el respaldo de 19 cámaras empresariales y colegios de profesionistas, que ven muy cuestionable el nombramiento unánime que llevó a cabo el Congreso del Estado, aún a pesar de existir otros candidatos con muchos mejores antecedentes, que sin embargo no fueron tomados en cuenta.

Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo dijo que aunque han observado un trabajo intenso por parte de la actual legislatura estatal, hay resultados parcialmente positivos, ya que los escasos avances como la eliminación del fuero y la reducción de recursos para partidos políticos se aplicarán no inmediatamente, sino en varios años.

Entre otros de los pendientes del Congreso local, señalaron el nulo avance en el tema de Uber, el estancamiento en la reconfiguración de los fideicomisos de promoción turística de Quintana Roo,  así como la polémica Ley de los Periodistas, en la que no se están escuchando las voces que rechazan la reforma y piden la derogación total de esta normativa.

Galaviz Ibarra dijo que lo que sucede actualmente con la ley de Protección a Periodistas es lo mismo que sucedió con la conformación de la Comisión de Arbitraje Médico, la cual fue rechazada tajantemente por al Colegio Profesional de Médicos, pero aun así se le dio el visto bueno en el Congreso.

Adelantó que se debe poner especial cuidado en la propuesta de Ley Estatal de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, la cual contiene una estructura “invasiva de las atribuciones constitucionales de los municipios y mecanismos de control que afectarán a los sectores de la construcción, inmobiliario y a la ciudadanía en general, por lo cual se debe vigilar con lupa lo que apruebe el Congreso sobre este respecto.

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