Emiten primer informe sobre accidente aéreo en Puebla

Morán Moguel detalló que la mayoría de los componentes de la aeronave resultaron altamente dañados por la explosión registrada tras el desplome

MÉXICO.- Carlos Morán Moguel, subsecretario de Transporte, emitió el primer informe de avances sobre la investigación del accidente aéreo donde murió la gobernadora de Puebla, su esposo y senador, así como a tres personas más.

La Dirección de Aeronáutica Civil participó desde el primer momento en la investigación técnica que atrajo la ayuda de peritos de Canadá, técnicos de Italia e investigadores de Estados Unidos y uno de la Agencia Europea de Aviación, y contactando a las empresas fabricantes del helicóptero y sus motores.

En los primeros días de trabajo de campo se revisó la trayectoria del vuelo y se trasladaron al hangar del Aeropuerto Internacional de Puebla las partes del helicóptero accidentado para identificar los componentes faltantes y recuperarlos en el sitio del siniestro.

Tras diversas reuniones del Comité Investigador, los peritos canadienses regresaron a su país, desde donde continuarán realizando la investigación:

“Los motores aún permanecen en México, están siendo revisados… se empacarán y se enviarán a Canadá“, detalló el funcionario.

Morán Moguel detalló que la mayoría de los componentes de la aeronave resultaron altamente dañados por la explosión registrada tras el desplome, sin embargo, los expertos creen que pueden obtener de ellas información digital importante.

En este sentido, los componentes más relevantes son la Data Collection Unit y la Data Acquisition Unit, mismas que registran parámetros de arranque, revoluciones y del vuelo de los motores. Asimismo, la que controla y regula algunas funciones de la aeronave como el combustible.

Toda la información recopilada será subida a internet para que las delegaciones de cada país la puedan consultar, detalló el subsecretario.

“Vamos a llegar a la verdad y no se va a ocultar absolutamente nada, el compromiso es ese, hablar siempre con la verdad“, concluyó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

En el olvido situación de manatíes de la bahía de Chetumal

Debido a la falta de presupuesto para investigación se desconoce si el número de manatíes disminuyó, se mantuvo o creció

Agencia EQR

CHETUMAL, Q. ROO.- El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), carece de estudios para determinar la situación actual de la población de manatíes en la bahía de Chetumal. Y es que desde hace 10 años no se realiza ningún estudio profundo sobre la situación en el Santuario del Manatí debido a que el presupuesto para ciencia y tecnología ha disminuido notablemente.

A pesar de que en este cuerpo de agua recalan hasta diez toneladas de basura por mes, entre estas, sustancias y metales que tardan hasta 100 años en degradarse. La investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Janet Padilla Zaldívar, reconoció que esta situación se debe principalmente a la falta de recursos para llevar a cabo la investigación; y es que para desarrollar solamente un estudio de investigación en la bahía de Chetumal, se requiere por lo menos de tres millones de pesos.

Durante el presente año, la unidad Ecosur en Chetumal operó con 26 millones de pesos. Padilla Zaldívar indicó que hasta hace 10 años se tenía conocimiento de la existencia de 150 manatíes en la bahía de Chetumal porque cada sirénido era monitoreado a través de un dispositivo colocado en una extremidad, pero no hubo seguimiento a la investigación, pues el presupuesto disminuyó y, por tanto, se postergó el Proyecto de Preservación del Manatí.

Actualmente, se desconoce si el número de manatíes creció, se mantiene o disminuyó en las aguas de este lugar.

‘Deben traer a Borge a rendir cuentas a los quintanarroenses´

Arcila consideró como necesario que se traiga al ex mandatario para que comparezca ante las autoridades de la Fiscalía y que se sigan los trabajos de investigación por los más de 15 mil millones de pesos que se generaron en afectaciones del erario públicos

CHETUMAL, Q. ROO.- El diputado presidente de la Gran Comisión en el Congreso del estado Eduardo Martínez Arcila, señaló que espera que las autoridades federales no traten el caso del ex mandatario Roberto Borge Angulo, solo para callar las voces en su contra, para después dejarlo en libertad. Afirmó que es necesario y es un reclamo quintanarroense que sea traído a la entidad para que declare y rinda cuentas por las afectaciones de 15 mil millones de pesos de afectaciones al erario público.

Luego de que un juez de distrito diera un amparo al ex gobernador del estado Roberto Borge Angulo, por la investigación en su contra por la afectación de mil 900 millones de pesos por la venta de 22 predios de manera irregular en diferentes puntos del estado, el legislador consideró que este caso no deberá ser tomado como el de “Duarte”, ex mandatario de Veracruz.

Señaló que es necesario que la Procuraduría General de la República (PGR), impugne esta determinación y aunque la Fiscalía para el Combate a la Corrupción ha mencionado que se tienen tres ordenes de aprehensión en su contra, se deberá contar la certidumbre para que no quede impune el saqueo que se realizó en contra del erario público.

Arcila consideró como necesario que se traiga al ex mandatario para que comparezca ante las autoridades de la Fiscalía y que se sigan los trabajos de investigación por los más de 15 mil millones de pesos que se generaron en afectaciones del erario públicos.

Es un reclamo ciudadano, quintanarroense, que se haga cumplir la justicia y que se castiguen todos los actos que fueron los que lesionaron el patrimonio la entidad en todos los sentidos, enfatizó.

Por ello recalcó que se sigue teniendo confianza en la justicia mexicana, pero se tienen que ver resultados tangibles y no detenciones que pudieran solo tratarse de acciones para callar las voces de reclamo.

Jueces ordenan aprehensión de 12 exfuncionarios de Javier Duarte por peculado

Son los primeros resultados de denuncias promovidas por la Auditoría Superior. La PGR reconoce negligencia en estos casos, y riesgo en otros como La Estafa Maestra.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo al menos 12 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte por su probable responsabilidad en el delito de peculado. Esto como resultado de las denuncias por desvíos de recursos federales interpuestas ante el Ministerio Público por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se trata de los primeros casos promovidos por la ASF, en donde la PGR consigue completar la investigación y enviársela con éxito a un juez. En total la Procuraduría ha abierto entre 70 y 80 carpetas de investigación y averiguaciones previas por denuncias de los auditores, muchos de los cuales permanecieron por años sin avances, o incluso fueron mal integradas de forma premeditada.

Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de PGR, Felipe Muñoz Vázquez, en una reunión con periodistas en la sede de dicha dependencia.

El funcionario explicó que, para acelerar el esclarecimiento de las denuncias que la ASF ha interpuesto en contra de la administración de Javier Duarte, se conformó un equipo especial con funcionarios de ambas instituciones.

Lo que hicimos fue formar un grupo de agentes del Ministerio Público, concretamente tres, un director general, dos peritos en contabilidad y dos auditores y nos trasladamos a Veracruz. Establecimos una oficina y empezamos a integrar los casos”, dijo.

El resultado es la judicialización (antes conocida como consignación) exitosa en las últimas semanas de varias de estas carpetas de investigación, que se tradujeron en órdenes de aprehensión en contra de doce exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte.

El subprocurador no reveló la identidad de los involucrados para no entorpecer las investigaciones ni violar el principio de presunción de inocencia, sin embargo, aclaró que son exfuncionarios que tenían facultades para manejar los recursos provenientes de partidas federales, y que de acuerdo con la Auditoría fueron desviados sin que se pudiera acreditar su destino ni devolución.

Entre estos funcionarios no se encuentra Javier Duarte, sin embargo, los casos continúan bajo investigación y si en su momento resultan responsables se solicitaría a Guatemala una excepción al principio de especialidad (que impide que una persona extraditada sea acusada por nuevos delitos), para poder proceder en su contra”, dijo el subprocurador.

Los exfuncionarios en contra de los que se giraron las órdenes de captura son acusados por PGR de ser probables responsables del delito de peculado. Dicho ilícito se encuentra contemplado en el artículo 223 del Código Penal Federal, y lo comete el servidor público que distraiga recursos públicos para su beneficio o el de terceros. Dependiendo del monto denunciado es un ilícito que puede alcanzar desde tres meses hasta 14 años de prisión. El proceso se puede seguir en libertad.

Negligencia y corrupción
En junio pasado Animal Político publicó que ya eran más de 70 las carpetas de investigación y averiguaciones previas (como se les denominaba en el viejo sistema penal) abiertas en la PGR por denuncias de los auditores en contra del gobierno de Javier Duarte. Hasta ese momento no había un solo caso resulto.

El mal manejo de recursos en dicho gobierno, de acuerdo con los reportes de la ASF, se presentó en prácticamente todas las partidas federales. Desde las destinadas para salud, hasta las de educación y seguridad. También se retuvieron ilegalmente recursos destinados al fortalecimiento de los municipios. Algunas de las denuncias fueron presentadas desde hace más de cuatro años.

Además algunas de las denuncias, que datan de hace más de cuatro años, fueron por la simulación en que incurrieron funcionarios del gobierno de Duarte, al haber devuelto a las cuentas bancarias los recursos que faltaban, para luego volver a retirarlos.

El subprocurador de Delito Federales de PGR, Felipe Muñoz, explicó que cuando llegó al cargo a finales de 2016 ordenó una revisión de muchos de estos casos, y encontraron que varios de ellos no tenían ningún tipo de trabajo de seguimiento, mientras que otros presentaban errores evidentes, posiblemente intencionales.

Había carpetas de investigación que cuando llegamos, ni siquiera estaban integrándose, y que cuando estaban integradas pareciera que la intención era que no salieran bien. Y lo digo así tal cual. Había carpetas de investigación a las que no se les había hecho nada. Nada”, sostuvo el funcionario.

Muñoz también aclaró que en algunos casos en específico la integración de las investigaciones fue lenta debido al retraso con el que la propia Auditoría aportaba los elementos que le eran requeridos. Por ello se decidió conformar un equipo específico de trabajo para el caso Veracruz, con el cual se ha logrado agilizar las investigaciones.

Duarte y La Estafa Maestra, casos en riesgo
El subprocurador de la PGR reveló que entre los casos abiertos por desvíos en Veracruz denunciados por la Auditoría hay poco más de 30 cuya resolución y consignación ha sido premeditadamente congelada por la Procuraduría.

Se trata de la misma situación en la que se encuentran otras denuncias de la Auditoría presentadas ante la PGR, entre ellas 16 relacionadas con los desvíos de recursos federales a través de universidades públicas y empresas fantasma, y que Animal Político documentó en el reportaje de “La Estafa Maestra”.

La razón, según la explicación que el funcionario proporcionó, es que en la integración de varios de estos casos la PGR recabó datos bancarios (prueba fundamental para los mismos) solicitándolos directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Sin embargo, a finales de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio en el que se indica que la obtención de datos bancarios – que implica romper secreto bancario – requiere obligatoriamente la autorización previa de un juez de control, algo con lo que no se contó en los casos previamente investigados.

En ese contexto, el subprocurador dijo que enviar a los jueces dichas averiguaciones como ya están integradas acarrea el riesgo de que los datos sean declarados ilícitos y las acusaciones se caigan, situación que ya ocurrió en el juicio contra Duarte por lavado de dinero, donde se aplicó este criterio de forma retroactiva.

Tenemos que esperar a que la Corte se pronuncie en definitiva si este criterio va a prevalecer retroactivamente para decidir qué hacemos. Estamos salvaguardando estas averiguaciones previas para saber qué sucederá con ese criterio, porque si no hasta la Estafa Maestra dejará de ser Estafa Maestra” señaló el subprocurador.